Un
juzgado dictará sentencia en septiembre sobre la resolución del contrato de
venta de las acciones
Pueden darse muchos
escenarios de aquí al 23 de septiembre, para cuando se ha convocado la junta de
accionistas que cambiará el gobierno del Betis de una manera
u otra. Uno de ellos pende de lo que suceda en otro juzgado de Sevilla. No es
el de Instrucción 6 en el que ha trabajado Alaya, o el Mercantil 1 en el que se
ha decidido la suspensión de los derechos políticos del 31,38, ni en la
Audiencia Provincial. En este caso se trata de un pleito llevado en el Juzgado
de Primera Instancia número 10 de Sevilla que ha estado en un discreto
segundo plano desde que fue iniciado en 2011, cuando Bitton Sport, empresa
relacionada con Luis Oliver, solicitó la resolución del contrato de venta
de las acciones del Betis propiedad de Farusa suscrito en el verano
de 2010 y la percepción de una indemnización por los perjuicios causados por la
interrupción de esta operación. La litispendencia de la titularidad este paquete
accionarial puede afectar decisivamente a la junta de accionistas del 23 de
septiembre.
Desde 2011 los movimientos
se han sucedido en este juzgado a instancias de Bitton, que pedía la resolución
del contrato. Sin embargo, en este mismo año, cuando se ha decretado visto para
sentencia el asunto, las partes han variado sus posiciones de manera
desconcertante. El pleito fue presentado cuando Bitton consideraba que su
futuro en el Betis era nulo e iba buscando un comprador para el contrato de
venta que suscribió con Lopera. Sin embargo, días antes del levantamiento
parcial de las medidas cautelares decretado por la Audiencia Provincial,
tanto Bitton como Farusa movieron ficha. En primer lugar la sociedad vinculada
a Lopera solicitó el allanamiento. Es decir, aceptó la resolución del
contrato, por lo que el paquete de acciones (51,34%) seguiría en poder de
Farusa. Aunque Bitton reaccionó tratando de desistir del pleito y evitar así
quedar en absoluto fuera de juego en este asunto que esta misma empresa había generado. La
juez del Primera Instancia 10 no ha atendido en principio las solicitudes
de las partes y ha señalado que se conocerá su opinión en la sentencia,
cuyo anuncio está previsto para septiembre.
El caso es que este asunto
es relevante por cuanto según se recoge en el auto de confirmación del
procesamiento por parte de la Audiencia se recogen algunos puntos del contrato
y uno de ellos señala que si no se producía la transmisión de acciones por
problemas legales los consejeros debían ser nombrados por Bitton y no por
Farusa, con lo que ello significaría para el escenario de la junta del día
23 de septiembre, puesto que se pone en cuestión la titularidad del 20 por
ciento de acciones que hoy en día facilitaría la mayoría a su propietario. Un
pleito que se ha mantenido en un segundo plano, considerado casi secreto, y que
ha dado la cara en estos días tras el auto de la Audiencia y que enmaraña aún
más el panorama.
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