El grupo que encabeza Manuel
Ruiz de Lopera comandaría el gobierno del Betis con el control del 51,34% de
las acciones al menos hasta la próxima primavera, según la opinión de dos
juristas consultados, uno próximo al máximo accionista de la entidad y otro independiente
y sin relevante vinculación con el club verdiblanco ni con el propio fútbol.
La clave estaría en las dificultades jurídicas en que aún está inmerso el juicio que en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla (sala del juez Javier Carretero) se mantiene por la discusión de parte del paquete accionarial de Farusa, concretamente el 31,38% de los títulos, que según los denunciantes Lopera no habría pagado en su día.
Este juzgado no podría adoptar medidas cautelares con inmediatez (como, por ejemplo, la designación de un administrador judicial del porcentaje discutido del paquete de Farusa), como se ha propalado desde diversos medios, porque el procedimiento que se dirime en ese juzgado está aún pendiente de sentencia, aunque quedase visto para la misma a finales de marzo pasado.
Además, este proceso se alargará por una razón principal, como es la existencia aún de dos periciales por practicar. La primera es una caligráfica, solicitada por el ex presidente Hugo Galera, quien niega que la firma existente en uno de los documentos de la conversión de los 308 millones de pesetas del crédito de Proinsur en acciones sea la suya.
La otra diligencia final que el juez Carretero aceptó fue propuesta por Adolfo Cuéllar, quien puso en duda los pagos de Farusa y ordenó que se investigasen todas las actuaciones de Farusa desde 1992. El oficio que el Banco de España devolvió al juez dejaba claro que al no ser un pleito civil no podía realizar las actuaciones sin permiso de Farusa, de ahí que Carretero instase a dicha empresa, cuyo abogado mercantilista esgrimió hasta once motivos para denegarle la petición. Tras esta negativa, el citado magistrado de lo Mercantil aún no ha dado traslado a las partes, pauta obligada antes de dictar sentencia.
Ítem más: en caso de que dictase en breve una sentencia contraria a Farusa, resueltas estas periciales, algo que se antoja complicado en julio, se entraría en un período de 20 días hábiles (el doble en días naturales contando los traslados) y de otros 10 días hábiles para que la parte contraria pudiese recurrir a su vez la apelación. Luego se entraría en el período de solicitar la ejecución de la sentencia, para lo que habría que convocar de nuevo a las partes. Teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil y posibles retrasos que pudieran surgir durante el proceso, los juristas afirman que el Mercantil no estaría facultado para designar un administrador del 31,38% de las acciones (esto menoscabaría el poder del grupo de Lopera en el consejo) antes de febrero y, con más probabilidad, sobre abril.
Otro asunto sería la caución solicitada de adoptar las medidas cautelares, que irían en consonancia con la tercera parte del valor del Betis SAD, muchísimo más de los 225.000 euros fijados por una juez suplente cuando las medidas cautelares fueron solicitadas por vez primera y denegadas por la Audiencia por estar aún vigentes las penales levantadas el viernes.
Así las cosas, si Manuel Castaño, como todo indica, es el hombre designado por Farusa para encabezar el nuevo consejo de administración del Betis, éste podría gobernar sin oposición desde que se celebrase la Junta General Extraordinaria en septiembre, o incluso antes, durante casi toda la temporada. Luego, el grupo, que en total controla un 60% de los títulos, podría ver cómo un administrador puesto por el Mercantil limitaría su cuota de poder en el órgano de gobierno.
La clave estaría en las dificultades jurídicas en que aún está inmerso el juicio que en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla (sala del juez Javier Carretero) se mantiene por la discusión de parte del paquete accionarial de Farusa, concretamente el 31,38% de los títulos, que según los denunciantes Lopera no habría pagado en su día.
Este juzgado no podría adoptar medidas cautelares con inmediatez (como, por ejemplo, la designación de un administrador judicial del porcentaje discutido del paquete de Farusa), como se ha propalado desde diversos medios, porque el procedimiento que se dirime en ese juzgado está aún pendiente de sentencia, aunque quedase visto para la misma a finales de marzo pasado.
Además, este proceso se alargará por una razón principal, como es la existencia aún de dos periciales por practicar. La primera es una caligráfica, solicitada por el ex presidente Hugo Galera, quien niega que la firma existente en uno de los documentos de la conversión de los 308 millones de pesetas del crédito de Proinsur en acciones sea la suya.
La otra diligencia final que el juez Carretero aceptó fue propuesta por Adolfo Cuéllar, quien puso en duda los pagos de Farusa y ordenó que se investigasen todas las actuaciones de Farusa desde 1992. El oficio que el Banco de España devolvió al juez dejaba claro que al no ser un pleito civil no podía realizar las actuaciones sin permiso de Farusa, de ahí que Carretero instase a dicha empresa, cuyo abogado mercantilista esgrimió hasta once motivos para denegarle la petición. Tras esta negativa, el citado magistrado de lo Mercantil aún no ha dado traslado a las partes, pauta obligada antes de dictar sentencia.
Ítem más: en caso de que dictase en breve una sentencia contraria a Farusa, resueltas estas periciales, algo que se antoja complicado en julio, se entraría en un período de 20 días hábiles (el doble en días naturales contando los traslados) y de otros 10 días hábiles para que la parte contraria pudiese recurrir a su vez la apelación. Luego se entraría en el período de solicitar la ejecución de la sentencia, para lo que habría que convocar de nuevo a las partes. Teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil y posibles retrasos que pudieran surgir durante el proceso, los juristas afirman que el Mercantil no estaría facultado para designar un administrador del 31,38% de las acciones (esto menoscabaría el poder del grupo de Lopera en el consejo) antes de febrero y, con más probabilidad, sobre abril.
Otro asunto sería la caución solicitada de adoptar las medidas cautelares, que irían en consonancia con la tercera parte del valor del Betis SAD, muchísimo más de los 225.000 euros fijados por una juez suplente cuando las medidas cautelares fueron solicitadas por vez primera y denegadas por la Audiencia por estar aún vigentes las penales levantadas el viernes.
Así las cosas, si Manuel Castaño, como todo indica, es el hombre designado por Farusa para encabezar el nuevo consejo de administración del Betis, éste podría gobernar sin oposición desde que se celebrase la Junta General Extraordinaria en septiembre, o incluso antes, durante casi toda la temporada. Luego, el grupo, que en total controla un 60% de los títulos, podría ver cómo un administrador puesto por el Mercantil limitaría su cuota de poder en el órgano de gobierno.
FUENTE: JAVIER MÉRIDA (DIARIO DE SEVILLA).
http://www.diariodesevilla.es/article/realbetis/2070246/administrador/abril.html
