Un
juzgado dictará sentencia en septiembre sobre la resolución del contrato de
venta de las acciones
Pueden darse muchos
escenarios de aquí al 23 de septiembre, para cuando se ha convocado la junta de
accionistas que cambiará el gobierno del Betis de una manera
u otra. Uno de ellos pende de lo que suceda en otro juzgado de Sevilla. No es
el de Instrucción 6 en el que ha trabajado Alaya, o el Mercantil 1 en el que se
ha decidido la suspensión de los derechos políticos del 31,38, ni en la
Audiencia Provincial. En este caso se trata de un pleito llevado en el Juzgado
de Primera Instancia número 10 de Sevilla que ha estado en un discreto
segundo plano desde que fue iniciado en 2011, cuando Bitton Sport, empresa
relacionada con Luis Oliver, solicitó la resolución del contrato de venta
de las acciones del Betis propiedad de Farusa suscrito en el verano
de 2010 y la percepción de una indemnización por los perjuicios causados por la
interrupción de esta operación. La litispendencia de la titularidad este paquete
accionarial puede afectar decisivamente a la junta de accionistas del 23 de
septiembre.
