D. SORIANO
Los periodistas económicos
saben que hay pocos temas que generen más interés que los que tienen relación
con las pensiones públicas. Prácticamente cualquier noticia al respecto, ya
afecte a los actuales jubilados o a los del futuro, se cuela en las más leídas/vistas/escuchadas
del día. Y cualquier novedad en el sistema genera polémica. Por eso, entre
otras cosas, le resulta tan complicado a cualquier Gobierno abrir este
melón.
En cierto sentido es lógico.
Todos nos sentimos concernidos en lo que tiene que ver con las pensiones. Cada
mes, la Seguridad Social se lleva casi un 30% de nuestro sueldo (entre
la parte del empresario y la del trabajador). A cambio, generamos un derecho
futuro.
En este sentido, lo primero
que hay que decir es que en un sistema de reparto como el nuestro no estamos
ahorrando. El dinero que va la Seguridad Social no se guarda ni se invierte,
sino que sirve para pagar las prestaciones de los actuales pensionistas. Lo
único que nos garantiza el Estado es que cobrará a los trabajadores del futuro
un cierto porcentaje de sus ingresos para que también nosotros tengamos una
paga cuando llegue el momento.
En teoría, nada de esto
debería ser objeto de discusión ideológica. Las bases del sistema son las que
son. Lo que se podría discutir es si el modelo es mejor o peor, pero los
fundamentos sobre los que se asienta tendrían que estar claros. Hay algunos gastos
que no responden al pago de pensiones contributivas y algunos ingresos que no
llegan de las cotizaciones, pero son una cifra muy reducida respecto al total.
La Seguridad Social responde a la siguiente identidad contable:
(1) Número de pensionistas *
(2) Pensión media
= IGUAL =
(3) Número de trabajadores *
(4) Salario medio * (5) Cotización
Por lo tanto, para saber qué
pasará con las pensiones del futuro y si el sistema es o no sostenible, habría
que analizar qué pasará con cada uno de los cinco elementos de la identidad. No
se puede saber con absoluta certeza qué ocurrirá en el futuro, pero sí hay
tendencias que se pueden anticipar. Y no son demasiado alentadoras para los
jubilados de 2030-2040 que sólo confíen en su pensión pública.
Más y menos
(1) Número de pensionistas: según The
2015 Ageing Report de la Comisión Europea, en 2013 España tenía 8,3
millones de mayores de 65 años (lo que supone el 17,9% de su población) y 2,6
millones de mayores de 80 años (5,6%). En 2050, serán 15,1 millones (33,3% del
total) y 5,8 millones (12,7%) respectivamente.
(2) Pensión media: en
diciembre de 2005, la pensión media de jubilación era de 686,61 euros. En junio
de este año ascendía a 1.020,80 euros. Es una subida equivalente al 48,6%,
aunque el IPC en estos
diez años sólo ha subido un 18,8%.
Hay varias razones para esta
subida. Por un lado están las leyes que garantizan el poder adquisitivo de las
pensiones. Pero sobre todo, los nuevos pensionistas (los que cumplen 65 años)
cobran más y tienen más derechos adquiridos que los que salen del sistema
porque fallecen.
(3) Número de trabajadores: de
nuevo según la Comisión Europea, la población entre 15 y 64 años pasará de 31,1
millones en 2013 a 24,3 millones en 2050. Esto no quiere decir que caiga el
número de trabajadores, porque podría subir el porcentaje de la población que
tiene un empleo. En este sentido, la tasa de actividad y la tasa de empleo en
España están muy lejos de las de otros países europeos.
(4) Salario medio: en
2005, el salario medio en España ascendía a 18.676,9 euros. En
2013, última fecha en la que el INE ofrece datos, había subido a los 22.697,8
euros. Implica una subida del 21%. El IPC en ese período ascendió un 18,9%.
(5) Cotizaciones sociales: en
estos momentos, los españoles pagamos el 28,3% de nuestro coste laboral a
la Seguridad Social en concepto de contingencias comunes. El 23,6% es la parte
llamada a cargo del empleador y 4,7% a cargo del empleado. En ambos casos, es
coste salarial y puede entenderse como un impuesto al sueldo de cada empleado a
cambio de generar un derecho a cobrar una pensión en el futuro.
El panorama
¿Qué panorama nos dejan los
anteriores datos? Pues uno bastante preocupante para el futuro del sistema
público de pensiones. Con respecto a los puntos 1 y 3, todos tenemos claro que
no hay mucho que hacer. El número de pensionistas subirá y el de potenciales
trabajadores bajará de aquí a 2050. El efecto en el empleo puede moderarse algo
si conseguimos aumentar la tasa de empleo (personas entre 15 y 64 años que
tienen un trabajo), pero las estimaciones más optimistas de la UE hablan de que
a mediados de siglo habrá el mismo número de trabajadores que ahora.
Además, hay que tener en
cuenta que cambiar los patrones demográficos es muy complicado a corto plazo,
por no decir imposible. Los trabajadores de 2040 deberían haber nacido ya. Si
no lo han hecho, llegamos tarde. Imaginemos que las familias españolas
decidieran cambiar de un día para otro su planteamiento sobre cuántos hijos
quieren y empiecen a ampliar su descendencia. Este panorama no parece muy
posible, pero es que incluso aunque se produzca, los nuevos hijos que tengan a
partir de ahora no llegarán al mercado laboral como mínimo hasta 2040, cuando
ya habrá una carestía de nuevos trabajadores.
Por otro lado, lo de los mayores
de 65 años es una gran noticia. Quiere decir que viviremos más y mejor.
Pero que se algo positivo no quiere decir que no tenga implicaciones
financieras. De nuevo, es un fenómeno que sabemos que ocurrirá. Salvo
catástrofe (y esperemos que no pase), ya podemos calcular con bastante
fiabilidad cómo será la estructura de edades de la población española en 2050.
Los jubilados de ese año ya han nacido y podemos estimar cuánto vivirán.
Sobre los demás elementos de
la ecuación hay más dudas, entre otras cosas porque son cuestiones sujetas en
parte a decisiones políticas. Respecto al punto 2, la pensión media,
sabemos que subirá si no se hace nada. Como decíamos, los nuevos
jubilados llegan a los 65 años con más derechos y habiendo cotizado más que los
antiguos. Pero esto podría cambiar, y de hecho está cambiando: no hay más que
subir la edad legal de jubilación, endurecer los requisitos para cobrar el 100%
de la pensión, penalizar más las anticipadas,...
El punto 5, cotizaciones
sociales, también podría cambiar, al menos en teoría, sólo habría que modificar
la ley. Pero parece poco probable que lo haga, al menos al alza. Los costes no salariales del empleado medio español ya
están entre los más altos de Europa. Subir las cotizaciones sociales sólo
perjudicaría aún más nuestra ya débil competitividad. De hecho, lo que
recomiendan los expertos es, si acaso, bajar estas cotizaciones.
Por lo tanto, para detener
la imparable tendencia de los puntos 1-2-3 sólo queda un recurso: sueldos
más altos que paguen cotizaciones más elevadas. Eso sí, esto no es tan
fácil. Ya hemos visto que lossalarios medios han crecido por debajo de la pensión
media en los últimos años.
Pero subir sueldos no es
algo que se pueda hacer por decreto, aunque algunos políticos así lo
piensen. Para que sea sostenible, un incremento de los salarios medios debe ir acompañado de un movimiento equiparable en productividad. Y
no parece que los cambios legislativos que puedan empujar en esa dirección
(liberalizar sectores protegidos, flexibilizar los mercados, impulso de la
competencia, premio a los que mejor lo hagan,...) estén en lugares destacados
de nuestra agenda política.
Las alternativas
Con todo esto, ¿cuál es el
panorama que nos espera? Siendo muy optimistas, podemos imaginar que las pensiones
medias podrían llegar a mantener el poder adquisitivo que tienen en la
actualidad. No será fácil, pero sumando el endurecimiento de los requisitos
para cobrar una pensión (aunque esto es una rebaja pura y dura, se venda como
se venda) y el incremento de los salarios, podría conseguirse. Cuidado, esto
oculta una realidad: dentro de 40 años todos seremos más ricos, por lo que si
las pensiones sólo logran mantener su poder adquisitivo, los jubilados quedarán
mucho más atrás respecto al conjunto de la sociedad. Es decir, la tasa de
sustitución entre el último salario y la primera pensión será muchísimo más
baja que ahora. Y eso en el escenario positivo.
En segundo lugar, está la
cuestión de la reforma silenciosa del sistema. La que se hace año a año, recortando de un sitio y poniendo un
poco en otro. La jugada, básicamente, consiste en subir las bases máximas de
cotización por encima de lo que sube la pensión más alta (incluso hay quien ya
pide abiertamente eliminar los topes de cotización sin tocar por ello las
pensiones más elevadas). Al mismo tiempo, se van incrementando las prestaciones
más bajas. Lo que se consigue es pasar de un sistema contributivo (tanto
aportas, tantos derechos generas) a uno asistencial (más o menos todos cobrarán
lo mismo). Es una tendencia que parece imparable, entre otras cosas porque
tiene muy pocos costes políticos a corto plazo. Eso sí, no saldrá gratis: según
la sociedad vaya tomando conciencia de esto, la legitimidad del modelo (que se
basa en buena parte en ese carácter contributivo) empezará a quebrar.
Por último, queda la
alternativa a la que siempre recurren los políticos: que pague el
contribuyente. Es decir, financiar la Seguridad Social vía impuestos. Pero esto
también tiene un coste. Si el incremento en el peso de las pensiones en el
gasto público se quiere pagar con impuestos, habrá que subir esto (dañando de
forma irreversible nuestra competitividad) o recortar gastos de otras partidas.
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